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El negocio del TAG en Santiago: concesionarias acumulan $3,2 billones sobre lo invertido y proyectan $6,8 billones al final de contratos
El análisis sugiere que el modelo de concesiones ha sido favorable para las empresas de free-flow en Santiago, marcando un contraste significativo con las preocupaciones del costo para los usuarios.
Las concesionarias que operan las autopistas urbanas de Santiago acumulan ganancias por 3,2 billones de pesos por sobre los 1,1 billones invertidos para levantar los proyectos. La cifra surge de una investigación de la Unidad de Investigación de Bío Bío, que revisó miles de páginas de las memorias que las sociedades entregaron a los reguladores durante los últimos 30 años.
El cálculo considera tanto los aportes para constituir las primeras sociedades como los pagos al Fisco que las empresas debieron cancelar antes de operar, conocidos como ticket de entrada. Todos los montos en pesos fueron actualizados al 31 de diciembre de 2025 usando la UF como referencia para reflejar su poder adquisitivo real.
Costanera Norte y Autopista Central lideran el ranking
La sociedad que administra la Costanera Norte encabeza la lista de beneficios, con 1,63 billones de pesos por encima de su capital de riesgo. Le sigue la Autopista Central, que ha acumulado 1,16 billones de pesos sobre lo invertido.
Entre ambas concentran más de 2,7 billones de pesos en beneficios netos tras 25 años de operación. La Costanera Norte fue adjudicada en 2000 a un consorcio internacional liderado por Impregilo, mientras que la Autopista Central se licitó en 1999 y transformó 60 kilómetros de vías ya existentes en calzadas expresas.
La proyección: 6,8 billones al final de los contratos
Si las ganancias mantienen el promedio de los últimos tres años, seis concesionarias llegarían a acumular 6,8 billones de pesos en beneficios netos hasta la finalización de sus contratos. En ese escenario, la Costanera Norte cerraría con 2,9 billones, la Autopista Central con 2,18 billones y Vespucio Sur con 1 billón.
La proyección excluyó a la autopista Américo Vespucio Oriente (AVO1), que opera desde 2022, y a la segunda concesión del acceso al Aeropuerto de Santiago, porque faltó información para estimar la fecha de término del contrato. Según el análisis, la Autopista Central extendería su concesión hasta 2034, la Costanera Norte hasta 2041 y el Túnel San Cristóbal hasta 2048.
El origen del sistema TAG
Hace casi 22 años se inauguró la Autopista Central, hito que introdujo por primera vez en el país el sistema free-flow, más conocido como TAG. Desde entonces se sumaron otras seis autopistas urbanas en la capital con el mismo mecanismo, además del acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez en 2011.
Hoy las concesionarias operan más de 200 kilómetros de vías en Santiago, entre la Autopista Central, la Costanera Norte, la Autopista Nororiente, el Túnel San Cristóbal, Américo Vespucio Norte Express, Américo Vespucio Sur, Américo Vespucio Oriente y el acceso al aeropuerto. Pese a su impacto en el bolsillo de los automovilistas, las ganancias acumuladas se desconocían hasta ahora.
Un modelo nacido en los noventa
El sistema de concesiones chileno se gestó en la década de los noventa con una idea central: que la inversión privada financiara obras públicas sin cargar la billetera fiscal. Las primeras licitaciones de rutas interurbanas, como el Túnel El Melón en 1993 y el acceso al Aeropuerto Arturo Merino Benítez en 1996, marcaron el inicio de esta era.
La transformación se aceleró con las modificaciones a la Ley de Concesiones en 1996, que llevaron a la licitación de ocho tramos de la Ruta 5, entre otras. En 1999 se licitaron la Autopista Central y la Costanera Norte, los dos proyectos que redefinirían el sistema vial de Santiago.
Entre los factores que explican el crecimiento sostenido de las ganancias aparecen el reajuste del 3,5% anual de la tarifa por sobre la inflación, el aumento del tráfico y costos de operación estables o a la baja en términos reales. El escenario deja abierta la discusión sobre el impacto a largo plazo de estos beneficios en la infraestructura pública y en el bolsillo de los automovilistas santiaguinos.